Más de $42 millones costaron los trabajos que se realizaron para cubrir la playa de estacionamiento de la Legislatura. La obra generó un fuerte revuelo en la sociedad el año pasado debido a que las autoridades de la Cámara autorizaron que se talaran 12 árboles sanos para poder ejecutar el proyecto para proteger los autos de los legisladores.
El Tribunal de Cuentas (TC) le dio el visto bueno al certificado final de cierre de cuentas que presentó la Cámara por la obra de cubierta de protección antigranizo para la playa de estacionamiento del edificio de la Legislatura, ubicado en Muñecas 951. Allí se montaron estructuras de hierro con lonas microperforadas de alta calidad para resguardar alrededor de 60 vehículos que hasta el año pasado quedaban a la intemperie.
A través del Acuerdo N° 2.338, la institución que encabezan Miguel Terraf, Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci, resolvió no formular observaciones al Decreto Nº 0133-P/2023, dictado el 15 de mayo por el presidente subrogante, para dar por concluida la relación contractual con la Empresa Fatum Construcciones Industriales S.R.L. En dicho instrumento se precisó que se pagaron dos certificados de obra por un total de $33.580.627 y una tercera boleta por las redeterminaciones definitivas por $8.611.077. El importe neto abonado fue de $42.191.704, según la documentación presentada ante el TC.
Tras talar 12 árboles, en la Legislatura aprobaron la adhesión a la Ley de Inversiones ForestalesSe precisó que, a través de la Resolución N°21-P/2023, del 17 de enero, se aprobó el acta de verificación de cumplimiento y recepción provisoria de la obra, la cual tendrá un plazo de un año de garantía. Si bien el TC informó que el resumen de pago de certificados es correcto, hizo una advertencia a corregir sobre el modo en el que se confeccionó el certificado final de cierre de cuentas.
Revuelo y costo político
Un fuerte revuelo provocó en noviembre de 2022 la determinación de la Legislatura por la poda de 12 árboles sanos para la protección de los autos. Tal fue la polémica que se optó por suspender entonces el acto de inicio de obra, que iba a estar encabezado por el presidente subrogante Sergio Mansilla.
Legisladores consultados dijeron que estaban al tanto que se habían iniciado los trabajos para la instalación de una cubierta de protección antigranizo en el estacionamiento, una estructura liviana que estaba prevista en los planes originales del edificio pero que nunca se instaló. Algunos aseguraron que desconocían que se quitarían los árboles y señalaron que la Administración de la Cámara tiene a cargo las cuestiones vinculadas al funcionamiento del edificio.
Críticas por la tala de 12 árboles en la Legislatura para techar el estacionamientoFuentes legislativas indicaron que parlamentarios -oficialistas y opositores-, directores y funcionarios venían exponiendo ante Presidencia su preocupación porque sus vehículos pasaban muchas horas a la intemperie, los cuales podrían verse afectados por la luz solar y una eventual caída de granizo. En ese sentido, las autoridades resolvieron avanzar con la solicitud y montar en la playa de estacionamiento la instalación de estructuras de caño, con toldos modernos de microfibra que no desentonan con el estilo del edificio.
Tala para prevenir daños
Las fuentes consultadas aseguraron que optaron por remover los árboles dado que eran ejemplares jóvenes y que corrían grandes riesgos de resultar dañados durante las obras. Remarcaron que no eran ejemplares añosos. A su vez, indicaron que se resolvió compensar el daño ambiental y que para ello se plantarán el doble de árboles en otros sectores del predio.
Otras fuentes internas manifestaron que la tala de los árboles se llevó a cabo prácticamente en un día y que no generó revuelo entre los trabajadores. A su vez, indicaron que no eran árboles originales sino que se plantaron para cuando se inauguró el edificio de la Legislatura, en marzo de 2012. Estimaban que los ejemplares cercenados eran tipas.
Un legislador oficialista sostuvo que se trató de un acto inconsulto, pero remarcó que se trató de una decisión administrativa. A su vez, consideró que los representantes del pueblo van a “pagar el costo” por decisiones que tomó la administración.
"Arboricidio"
Organizaciones de defensa del arbolado y especialistas en la materia expresaron su malestar por lo sucedido. “No queda más que la indignación. A instancia de la Sociedad Amigos del Árbol, se sancionó hace cinco años la Ley 8.991 de arbolado urbano, pero esta normativa aún duerme y no se aplica por falta de reglamentación”, expresó Pedro Buiatti, titular de esa organización, quien calificó la acción en el palacio legislativo como “arboricidio”.